ESTADOS UNIDOS: Apartheid y terrorismo de estado
Llega a alta velocidad un grupo de camionetas polarizadas y se detiene en el acceso de una fábrica, en un centro comercial, o una plaza, o en la puerta de una casa…se baja un grupo de hombres con armas largas, llevan pasamontañas, chalecos antibalas…sin mascullar más que una pretendida pertenencia a una fuerza federal, a los empujones suben a quien buscan (o a alguien que a su juicio se parezca lo suficiente) a las camionetas y se van tan rápido como vinieron…La escena se repite a lo largo y ancho de Estados Unidos. Las víctimas directas: principalmente migrantes “flojos de papeles”.
Sobre las personas secuestradas no habrá información por semanas; hasta que aparezcan deportadas en su país de origen, con suerte, o en un tercero, como Sudán del Sur, escenario de una brutal guerra civil, o el diminuto Eswatini, gobernado por el último rey absoluto de África, u otro democrático y liberal pero con un líder que lustra prisiones de máxima seguridad: El Salvador de Bukele.
Muchos testimonios hablarán de una máquina de denigración y humillación, del maltrato físico y psicológico que constituye lisa y llanamente tortura: permanecer esposados y en traslado durante días, habitar salas superpobladas, con un solo baño y a la vista, y teniendo que comer “como perros” de recipientes en el piso con las manos esposadas a la espalda. También hay desconexión de las cámaras de seguridad y entradas de “los agentes” en patota para dar golpizas si hay quienes protestan por las condiciones. La falta total de la más mínima información sigue su “proceso”: el siguiente eslabón lo anticipa un papel con una lista de nombres que se actualiza diariamente e informa quienes dejan el centro de detención, pero no el destino ni con qué suerte.
Las similitudes de este mecanismo con aquel montado en nuestro país por la dictadura genocida saltan a la vista: son dos versiones de una larga lista de experiencias represivas relacionadas, en las que el Estado identifica y extirpa a un pretendido enemigo interno, barriendo las garantías constitucionales. La única diferencia evidente es que por ahora las personas secuestradas, después de un tiempo, aparecen, y solo se conocen algunas muertes aisladas.
En el caso argentino, más allá de que la excusa inmediata era “la subversión”, la víctima a largo plazo era la sociedad en su conjunto, y las clases subalternas en particular. Hoy también, las últimas destinatarias de esta política represiva son la sociedad y la clase trabajadora norteamericana, como atestiguan las palabras de Arturo Flores, veterano de Afganistán e Iraq, y alcalde de Huntington Park en el condado de Los Ángeles: “Es una campaña de terror doméstico que se ha impuesto a nuestros residentes cotidianamente. Es un nivel de guerra psicológica que solo he visto en escenarios bélicos.”
Y el terror que buscan provocar no es el único vínculo con las fallidas aventuras imperialistas en Medio Oriente: las “agencias federales” que la llevan adelante son principalmente las mellizas “Homeland Security” e “Immigration and Customs Enforcement”, nacidas al calor de la guerra antiterrorista a poco de la voladura de las Torres Gemelas bajo patrocinio de Bush. No olvidemos la ayuda inestimable de Obama, que facultó a las agencias a espiar y asesinar ciudadanos norteamericanos, como parte del combate a ese enemigo fantasma que resultó ser el terrorismo.
Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país y donde se concentra la mayor proporción de migrantes sin documentos válidos para las autoridades, es el epicentro social y mediático del conflicto desatado por la campaña de terror de Trump. La población, con fuerte componente “latino”, se volcó a las calles para luchar contra la invasión de sus comunidades por parte de las fuerzas federales. El gobierno central escaló el conflicto desplegando a la Guardia Nacional (ejército de reserva que se usa para la represión interior) e incluso marines.
Estos días la situación remitió a una tensa calma. Pero mientras las redadas continúen, el conflicto puede escalar en cualquier momento. Hay veinte millones de migrantes susceptibles de tener problemas legales, y hay un Estado que busca generar el mayor daño posible: por eso la saña en separar familias, deportando aquellos integrantes que no son ciudadanos, o expulsándolas enteras aún con infancias nacidas en EEUU, si sus mayores no acceden a separarse de aquellas y dejarlas institucionalizadas en suelo yanqui a merced de las mismas autoridades que las expulsan.
La avanzada represiva no está exenta de contradicciones: la gente encerrada en sus casas consume menos. O incluso no se anima a ir a trabajar. En sectores como el agrario, esto es especialmente problemático: depende de la súper explotación de la mano de obra migrante, que paga impuestos, pero no tiene cobertura social. Como solución, Trump propone que los propios empleadores sean los observantes de la situación legal de quienes emplean: su poder sobre la vida de los “sin papeles” se vería multiplicado.
Veremos qué suerte sigue esa propuesta. Por ahora otra que acaba con la ciudadanía para las personas que nacen en suelo yanqui, y que daría por acabado con lo que queda del “sueño americano” está trabada en los tribunales.
Desde el exterminio en la Franja de Gaza, hasta el terror en Los Ángeles y la represión en Congreso, el mensaje es claro: vienen por lo poco que tenemos con las armas que hagan falta. Solo un alza en la lucha de clases podrá ponerles freno.
Lotte Rid
