SALUD: la ganancia no tiene cura
En su discurso de asunción a la presidencia en 1983, Raúl Alfonsín expresó una frase que se hizo famosa y reiterada: “con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. A 40 años, vale pensar qué pasó con ese horizonte.
El sistema democrático burgués en el que vivimos no garantiza –ni se propone realmente– un acceso igualitario a los recursos y servicios necesarios para la vida para toda la población (vivienda, alimentación, agua, educación, energía). Y eso se expresa cada día en las desigualdades en los procesos y situaciones de salud-enfermedad de las personas y grupos sociales.
La salud que pretendemos es mucho más que la ausencia de enfermedad, y un sistema de salud no debe orientarse solamente a “curar”. Pero esta democracia no educa, no alimenta, no previene, no rehabilita, ni siquiera cura a todes por igual.
El marco legal –internacional y nacional– sus convenciones, leyes y convenios, resulta impracticable dentro de un sistema que se orienta por la ganancia, y donde las políticas públicas se ajustan al ritmo de las demandas financieras internacionales. Las buenas intenciones, principios y horizontes de las normativas son inalcanzables, y las instancias institucionales que deberían dar respuestas se ven desbordadas, limitadas en su accionar, sin recursos frente a las complejas situaciones de salud que genera el propio capitalismo por el impacto de las condiciones de vida y trabajo sobre las personas (desde lo más cotidiano y transitorio hasta padecimientos de salud mental, cáncer, enfermedades degenerativas y crónicas, consumos problemáticos).
En el capitalismo, la salud se convierte en un negocio más, la privatización y mercantilización prevalecen, y el acceso a tratamientos, atención, estudios, depende más de la capacidad de pago (y ganancia para quienes lo proveen) que de la lógica del derecho.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) de 2022, las 6 principales empresas de medicina prepaga en Argentina (Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical), que concentran el 76% de las 6 millones de personas afiliadas, durante el primer año de la pandemia –2020– batieron el récord de ganancias: 252 millones de dólares, cuando el promedio de los años anteriores era de 100 millones. Mientras siguieron aumentando la cuota y redujeron la atención al mínimo con la excusa de la cuarentena, percibieron la ayuda del Estado a través del programa ATP por 9.265 millones de pesos para el pago de sueldos.
Desde otro lado, la barbarie del sistema se expresa en la epidemia de opioides, provocada por las cadenas farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos de EEUU (Purdue Pharma, CVS Health, Walgreens, Walmart, Johnson & Johnson entre otras). Fueron condenadas por su responsabilidad al distribuirlos masivamente, ignorando –en pos de mantener y aumentar sus ganancias– las señales de su abuso, expresadas en el registro de 500.000 muertes entre 1999 y 2019 y, solamente en 2020, 2,7 millones de personas, a partir de 12 años, con trastornos por su uso. Varias de estas empresas se declararon en quiebra para no pagar los juicios.
La salud pública argentina ha sido y sigue siendo, pese a todo y gracias a la lucha, un ejemplo en términos de acceso, cobertura, gratuidad, tanto en comparación con el resto de Latinoamérica como con muchos otros países del mundo. Sin embargo, la misma se constituye cada vez más en un último recurso, para pobres, limitado y con enormes disparidades a lo largo del país, negando en acto el ideal de igualdad y universalidad. Con el 38% del trabajo asalariado en la informalidad, y el deterioro y desfinanciamiento de las obras sociales (en beneficio de las empresas privadas y en detrimento de la “solidaridad” dentro del sector de laburantes formales), el sector público debe responder a una población creciente que solo cuenta con sus servicios.
La sistemática insuficiencia del presupuesto implica la reducción de la atención a lo básico, asistencial, de urgencia, sin integralidad posible. La situación crítica se extiende en hospitales y centros de salud, que no pueden responder a las demandas y necesidades de la población, con deplorables condiciones edilicias, falta de personal y equipos profesionales, espacios de atención integrales, farmacias, insumos, tecnología, etc. La crisis de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires (el distrito más rico del país), no puede más que ilustrar las condiciones en el resto de Argentina, con menos recursos. Estas limitaciones y la precarización también llegan a las condiciones laborales del personal de salud en todos los sectores, lo que impacta en la calidad de la atención y las posibilidades de acceso para todes.
Y no es solamente en nuestro país, o en Latinoamérica, donde las lógicas de mercado y ajuste impactan. Las protestas en Madrid y Gran Bretaña, el recorte del presupuesto en salud en EEUU, muestran la precarización creciente en todo el mundo.
El capitalismo es una máquina de producir enfermedades, por las condiciones de vida y de trabajo que impone, por la explotación y el deterioro ambiental, por las lógicas del lucro que lo rigen, donde la vida y la salud no son prioridad ni preocupación, salvo en lo mínimo necesario para sostener e incrementar la explotación y la ganancia. Esto explica que los avances científicos y tecnológicos en salud no logren contrarrestar el retorno de enfermedades que se pensaban eliminadas o controladas, o la falta de tratamiento para muchas otras, asociadas a la pobreza como el chagas o la tuberculosis (por medicamentos que no dan ganancia y nadie quiere producir ni mejorar).
También se expresa en la aparición de nuevas enfermedades, de alcance global como el COVID-19, que en la continuidad de la lógica de explotación (ambiental, animal, etc.) puede repetirse en cualquier momento, alimentando las ganancias de la “industria de la salud”: de farmacéuticas y laboratorios, de empresas de medicina prepaga, que no dejaron de lado sus ganancias en la pandemia pero sí dejaron de dar respuesta…. negando su responsabilidad sobre aquello que no es rentable (a cargo entonces del Estado).
En esta línea, la estadounidense Pfizer anunció ingresos por US$ 80.831 millones a principios de 2022 (un 92% más que el año anterior), la mitad provenientes de las vacunas, y ganancias de US$ 21.854 millones (más del doble que en 2020). Y la multinacional Johnson & Johnson obtuvo en 2021 ganancias por US$ 20.760 millones, un 41,9% más que el año anterior, principalmente originadas por su laboratorio farmacéutico.
El discurso respecto al supuesto carácter “democrático” del COVID (como de otros padecimientos) se basa en la misma idea de la democracia capitalista, en los (falsos) principios –nunca efectivizados– de igualdad, universalidad, libertad. La enfermedad sólo puede entenderse como “democrática” en términos burgueses, porque no es igual para todes, porque está atravesada por las desigualdades propias de una sociedad dividida en clases. Y hasta tanto no destruyamos este sistema y lo cambiemos por uno que realmente se proponga una vida digna para todes, no podremos modificar de fondo estas realidades y dar por tierra con su barbarie creciente.
Débora Marco
