LIBERTADES DEMOCRÁTICAS: en peligro de extinción

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El 12 de junio durante la represión a la manifestación contra la votación de la Ley Bases, el gobierno de Milei avanzó varios casilleros para aleccionar al conjunto del pueblo trabajador. Recortar las desvencijadas libertades democráticas es un prerrequisito para pegar un salto en la explotación de la mano de obra, una exigencia y necesidad de las patronales de todos los tamaños, en el marco de la crisis generalizada y la ofensiva feroz del capital contra el trabajo a nivel mundial.

La embestida patronal-gubernamental contra las organizaciones sociales y políticas, el cercenamiento al derecho de manifestación mediante el protocolo de Bullrich, y el ataque sistemático a los dirigentes opositores y su persecución penal, son utilizados para construir el nuevo escenario represivo. Buscan evitar las consecuencias, potencialmente explosivas, del reseteo de la Argentina a favor de un puñado de capitales concentrados y el consecuente saqueo a las clases populares y medias.

La equiparación de la movilización con un intento de golpe de estado no fue un exabrupto del gobierno sino el anuncio de lo que se vendría: 33 personas detenidas y acusadas, entre otros delitos, de incitación a la violencia colectiva y de intimidación pública, cuyas penas superan los tres años (y en caso de condena, la prisión puede ser efectiva), y que amagaron agravar con la figura de terrorismo. 

El poder judicial avaló las detenciones al voleo y fueron encarceladas desde empleadas domésticas hasta personas en situación de calle, en penales de máxima seguridad, algunas hasta un mes, y dos de ellas continúan detenidas.


Cambio de escenario

Milei no dio un salto al vacío, por el contrario, su accionar es la respuesta lógica ante la falta de reacción social frente a hechos represivos y antidemocráticos de extrema gravedad.

En primer lugar, el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Fernández; mucho más atrás el encarcelamiento de Milagro Sala por razones políticas. Y en particular el ensayo represivo puesto a prueba ante la revuelta popular de Jujuy en 2023.

Allí asomaron públicamente la tortura, las detenciones masivas, los allanamientos sin orden judicial y con vehículos sin identificar, desapariciones por días/horas, y la persecución e intento de detención de los abogados. En el caso de Alberto Nallar se lo condenó a tres años y medio de prisión efectiva por “instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín”. En síntesis, el aparato represivo puso en práctica los mecanismos de la última dictadura militar sin tener que enfrentar una respuesta social acorde.

Como siempre, la avanzada represiva se dirige en primer lugar contra quienes se manifiestan por demandas sociales, pero está destinada al conjunto. En enero de 2024, Morales ordenó la detención de N. Morandini y R. Villegas, presos durante 53 días, acusados de delitos con penas de hasta 8 años, por tuitear que la esposa del ex gobernador era infiel.


La represión avanza

Hay decenas de hechos para destacar, solo nombraremos algunos:

>El gobierno de la Ciudad, protocolo de salud mental para personas en situación de calle mediante, puso en funcionamiento una caza de brujas para limpiar las calles, con traslados e internaciones forzosas resueltas por personal no médico “acompañado” por la policía. 

>El proyecto de ley de baja en la edad de imputabilidad se explica más por el 70% de menores por debajo de la línea de pobreza que por la participación de esa franja en el total de delitos, que no llega al 3% según fuentes oficiales. 

>El retorno y ampliación del espionaje masivo sobre la población mediante el ciberpatrullaje utilizará inteligencia artificial para la creación de perfiles “criminales“, lo que implica un mayor cercenamiento de la privacidad, el principio de inocencia y el derecho a la libre expresión. 

>La reforma de la ley de Inteligencia Nacional mediante DNU, implicó el regreso de la SIDE y el aumento de $100.000 millones para gastos reservados, que servirán para el pago de favores o extorsiones –Ley Banelco o AMIA– y sobre todo para el espionaje sobre las organizaciones sociales y políticas de oposición. Se agrega el objetivo declarado de que las fuerzas armadas participen de la represión interna.

Mal que nos pese, Milei no es producto de “la dictadura” sino que fue parido por la democracia realmente existente. Para llevar adelante esta guerra contra el pueblo, ataca de forma sistemática las libertades democráticas, que hay que defender con la mayor unidad de acción, para tener alguna perspectiva de frenarlos. 

B.Blarouson

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